Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.-

Señor Gobernador de la Provincia de Salta

Dr. Juan Manuel Urtubey

S / D

Reciba el fraterno saludo de Paz y Bien.

Me dirijo a usted a fin de expresarle mi preocupación, acerca de una denuncia que

recibimos de parte de ciudadanos de su provincia.

Hace casi un año, el 6 de agosto de 2008, cuatro camiones de la empresa Carmona,

con destino a la mina Bajo la Alumbrera ubicada en Catamarca, ingresaron a la ciudad de

Cafayate sin permiso de la dirección de tránsito. Este hecho por sí solo constituye una

violación de la ley nacional de tránsito, según la que, sin permiso especial, es prohibido

circular con vehículos que excedan los 2,60 metros de ancho1 (esos camiones llevaban cargas

de entre 7 y 8 metros de diámetro).

Estos camiones se encontraron detenidos en una arteria del pueblo, ya que su propio

tamaño les impedía seguir avanzando, dada la presencia de un vehículo estacionado más

adelante. Los vecinos de Cafayate, escandalizados, salieron a la calle de manera espontánea,

para manifestar pacíficamente su desacuerdo con la circulación sin controles de este tipo de

vehículos. Cabe destacar que los camiones no sólo bloqueaban todo una cuadra, sino también

que en esta cuadra se encuentra la guardia de un hospital local, el Hospital Nuestra Sra. del

Rosario.

El hecho fue tan impactante que dos meses después, el Concejo Deliberante de

Cafayate sancionó por unanimidad la ordenanza nº13/08 que prohíbe el ingreso de tales

vehículos al ejido urbano, así como el ingreso de sustancias peligrosas al municipio, salvo

algunas excepciones.

Expuestos estos hechos, el motivo de mi carta es la recepción por parte de once

vecinos de Cafayate, de notificaciones de pedido de juicio oral y público, por delito de

entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre (art. 194 del C. P.). Estas

notificaciones son verdaderamente absurdas e insensatas por varias razones.

En primer lugar, el derecho a manifestar es un derecho fundamental de todos los

ciudadanos, y el ejercicio de este derecho no debería llevar a ningún tipo de judicialización.

Nosotros, desde el SERPAJ y personalmente, venimos recibiendo cada vez más denuncias, y

observamos una creciente criminalización y represión en todo el país, en contra de

organizaciones sociales, trabajadores, comunidades indígenas y militantes populares, quienes

únicamente están pidiendo que se respeten sus derechos.

En segundo lugar, como consta en el informe realizado por la policía local, los

vecinos en ningún momento impidieron el avance de los camiones, sino que lo único que

hicieron es manifestarse frente a ellos mientras estaban bloqueados por su propio tamaño.

1 Ley de Transito nº24449, Capítulo III, Art. 53. y Art. 57.

Los vehículos fueron los que perturbaron el normal funcionamiento del pueblo y que

infringieron la ley.

Algunos de los imputados pertenecen a la asamblea de Autoconvocados del Valle

Calchaquí-Cafayate, y vienen defendiendo su derecho a vivir en un ambiente sano,

denunciando el impacto que tienen los mega-emprendimientos mineros como el de Minera

Alumbrera Ltd. sobre las condiciones de vida de las poblaciones locales. Otros imputados

eran vecinos del barrio, que espontáneamente reaccionaron frente al ingreso ilegal de

camiones de dimensiones extraordinarias, que, al pasar por el pueblo, suelen provocar daños

en sus viviendas y calles.

El Estado provincial tiene el deber de velar por los derechos de las personas, y en

particular por su libertad de actuar cuando ven sus derechos vulnerados. Por todo eso y

porque sabemos de su compromiso con la justicia y con el respeto de los derechos humanos,

le solicitamos que tome las medidas necesarias para levantar el pedido de juicio en contra de esos once vecinos de Cafayate.

Le reitero mi saludo de Paz y Bien.

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nóbel de la Paz