Así se desprende del informe elaborado por la Subsecretaría de Tierra y Hábitat  a pedido del Intendente Almeda respecto de las 32 hectáreas de propiedad de la Municipalidad de Cafayate.

Ángel Sarmiento, Subsecretario de Tierra y Hábitat

El Intendente Fernando Almeda pidió a ese organismo del gobierno de Urtubey, hoy seriamente sospechado de oscuros negociados con tierras, la elaboración de un informe respecto de las condiciones de habitabilidad de la parcela 2078, el que fue elevado a la máxima autoridad de esa área, Ángel Sarmiento, con fecha 11 de mayo de 2016 con la firma del arquitecto Pedro Guillermo Peretti, Director del Programa de Hábitat.

Este informe enviado por Almeda al Concejo Deliberante de Cafayate,  comienza con una seria y grave inexactitud al sostener que «ante un nuevo requerimiento de desarrollo urbano habitacional DONDE UN GRUPO DE FAMILIAS INVADE Y OCUPA UN ESPACIO DE 32 HECTÁREAS COMO INTENTO POR ACCEDER DE FORMA IRREGULAR A UN ESPACIO DE TIERRA PARA HABITAR». Este párrafo del informe es de una falsedad total ya que las 32 hectáreas están invadidas y ocupadas de forma irregular desde hace muchos años por la empresa Pernod Ricard y es el punto crítico del litigio fruto de que Almeda nunca hizo valer los derechos que legalmente tiene la Municipalidad de Cafayate sobre esa parcela.

Alguien debería haberle informado al arquitecto Peretti que las familias a las que hace mención, solo saltaron un alambrado colocado ilegalmente por Pernod Ricard y que bloque el camino provincial, que lleva a las 32 hectáreas,  se pararon sobre este, reclamando lo que debería haber hecho y nunca hizo en años otra área del gobierno de Urtubey, Vialidad Provincial.

También deberían haberle hecho saber al funcionario de Tierra y Hábitat que tras algunas horas, esas personas fueron brutalmente desalojadas por la policía por orden judicial, apostándose luego en una de las márgenes de la Ruta Nacional 40 que pasa por el lugar .

Pero el informe que solo debería determinar la factibilidad habitacional de las tierras, va mucho más allá en su parcialidad a favor de la empresa usurpadora y se involucra en el litigio por la propiedad de la parcela. Con una sorprendente contradicción sostiene primero que las 32 hectáreas «son una superficie que el municipio POSEE producto de una donación con cargo para pista de aterrizaje oportunamente efectuado por la firma Etchart S.A. en parte de su propiedad, adquirida ésta posteriormente  en su totalidad por la empresa Pernod Ricard, INCLUYENDO LOS DERECHOS SOBRE AQUELLA SUPERFICIE CON CARGO».

Este párrafo del informe tiene una inexacta información, pero conveniente para la empresa usurpadora, porque al momento de la compra de la firma Etchart S.A. por parte de Pernod Ricard, la Cédula Parcelaria de la  parcela 2078 ya acreditaba como propietaria de la misma a la Municipalidad de Cafayate, por lo que la familia Etchart nunca podría haber vendido lo que ya no le pertenecía, y aunque parezca una obviedad hay que aclarar, Pernod Ricard no pudo haber comprado lo que no estaba en venta.

Solo con esta enorme contradicción del firmante del informe que primero dice que la Municipalidad POSEE las 32 hectáreas, pero después dice que pertenecen a Pernod Ricard, más la inexactitud respecto de quién INVADE Y OCUPA UN ESPACIO DE 32 HECTÁREAS el «trabajo» empieza a convertirse en poco creíble y sospechado de estar dirigido por los interes de Almeda y la empresa usurpadora.

Por supuesto y como era esperable de un informe encargado por Almeda a un sospechado organismo del gobierno del que es socio, y ante la evidencia de que hasta aquí el Intendente nunca actuó como representante del propietario de la parcela, sino más bien a favor de la usurpación, el «trabajo» desvaloriza las 32 hectáreas de la pista con fines habitables y hasta se anima a sugerir que las tierras ofrecidas por la empresa usurpadora en el Río Seco, tendrían algunas  condiciones con fines de habitabilidad mejores que las que pertenecen a la Municipalidad de Cafayate.

Con esto, se podría deducir que el gobierno de Urtubey actúa de manera coordinada con Almeda en desmedro del pueblo y a favor de los interés de una empresa privada que ocupa y explota irregular e ilegalmente tierras del Estado. Quizás esto también explique porque Vialidad de la Provincia nunca actuó con la fuerza de la ley para abrir un camino provincial alambrado y clausurado por una usurpación empresarial a pesar de los reclamos elevados a ese organismo desde el 2013 por el Concejo Deliberante de Cafayate.