El conflicto lleva más de medio año y no se vislumbran de soluciones por parte de la justicia, del municipio ni de la provincia.

La temporada veraniega que hasta ahora algunos operadores turísticos locales califican como “pobre” atribuyendo a las constantes lluvias que ocasionaron diversos problemas en las rutas. A eso suman el desborde del Río Chuscha que dejó inhabilitado el balneario municipal y las dificultades de los turistas para encontrar piletas o espejos de agua durante el día.

El mes de enero transcurrió con quejas de muchos turistas al no contar con dos espacios recreativos veraniegos importantes como lo son el Río colorado y el balneario municipal.

En el caso del conflicto de El Divisadero, la justicia local reconoce que el tema está empantanado y que no avizoran una pronta solución, haciendo incierto el destino del lugar turístico al menos durante esta temporada.

La fiscal Sandra Rojas informó que “no se ha logrado un avance interesante sobre la zona” deslindando responsabilidades sobre la situación en la secretaria de turismo de la provincia y en el municipio local diciendo “ no hay responsabilidad desde la fiscalía de ocuparse del tema administrativo, de cómo puede funcionar el circuito , así que estamos a la espera… sé que desde el municipio y la secretaria de turismo se está trabajando con diferentes proyectos para dar cumplimiento a la ley, son organismos que tienen que intervenir por el interés provincial que tiene el lugar” dijo.

La fiscal reconoció que tiene un expediente de larga data con irregularidades que se venían suscitando en el lugar y que no existen inversiones gubernamentales para el cuidado y mejoramiento del paseo turístico ya que ni un cesto de basura posee.

La temporada turística alta, que inicio su último mes, seguirá con el Río Colorado inhabilitado para el acceso de turistas y cafayateños ya que la medida cautelar vigente atribuye el conflicto a grupos antagónicos que venían lucrando con los servicios de guiado con la venia o la omisión de la gestión del intendente Almeda y la Secretaría de Turismo de la provincia, pero no se avanzó en la búsqueda de soluciones-

El conflicto

Muchos años antes de junio del 2019, cuando se emitió la medida cautelar, ya se conocían denuncias de cobros excesivos, serios enfrentamientos entre grupos que se atribuían la autoridad del servicio de guiado y que derivaron en peleas que hasta dejaron heridos y que ponían en riesgo la integridad de los niños que concurren al establecimiento escolar que colinda con el acceso al río, todo en un marco de anarquía y silencios cómplices hasta el momento que se emitió la medida judicial y se clausuró el acceso.

Al respecto en nada se pronuncia ni aclara la justicia sobre las falencias, roles y responsabilidades de la provincia y el municipio ni se vieron acciones que tiendan a generar nuevas inversiones que incluyan servicios esenciales para el turismo como por ejemplo los elementales cestos de basura, baños públicos en condiciones, una playa de estacionamiento o el mantenimiento del camino de acceso que actualmente es una travesía digna del Rally Dakar.

La Ley De Turismo Provincial N°7045 establece dentro de sus obligaciones que deberá “Acordar y coordinar con los Municipios, las políticas y materia de información, señalización, planificación y ordenamiento territorial tendiente a optimizar los planes de desarrollo turístico de la Provincia.”(Art 8, inc. j) Preservando el estado de las rutas “Las rutas de acceso a las áreas de promoción son declaradas prioritarias por la presente Ley y a los fines de promover y fomentar el turismo, serán objeto de atención especial por parte del Gobierno de la Provincia y de sus Organismos técnicos.”(Art 12.). Como así también la Carta Orgánica Municipal estipula además que es competencia municipal “Promover el turismo, reglamentando y fiscalizando sus servicios, en el marco de un plan regulador integral, donde se lo contemple como eje generador de actividad económica y social, fomentando la regionalización en el ámbito nacional e internacional.”(Art 31 inc. 16)

La Ley De Turismo Provincial N° 7045 y la Carta Orgánica Municipal, , aparentemente no aplica para la gestión del intendente Almeda ni la Secretaría De Turismo de La Provincia ya que hay incumplimientos varios de las leyes, pero la acción de la justicia tiende a ser benevolente y permisiva con el ejecutivo municipal y la provincia no dándoles plazos ni obligaciones concretas, haciendo que la medida cautelar tenga como principales perjudicados a los turistas, a los cafayateños y a la alicaída economía turística local.