Giraron al fuero federal las denuncias por manejo irregular de fondos nacionales del exintendente de Animaná.
Se trata de acusaciones realizadas por el manejo irregular de fondos nacionales por un monto cercano al millón de pesos. Tras verificarse el origen y destino del dinero, la Fiscalía de Delitos Económicos resolvió girar las actuaciones penales iniciadas a la Fiscalía Federal de Salta.
La decisión se adoptó en torno a una denuncia presentada ante la fiscalía por el intendente José Rolando Guaymás, de la localidad de Animaná, quien acusó a su antecesor, Ignacio Vicente Condorí por el manejo irregular de un monto de 549 mil pesos, dinero que fue remitido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Se trata de un subsidio que fue remitido al exintendente Condorí a fin de ser destinado a la adquisición de equipamiento para el Centro de Integración Comunitaria de esa localidad, lo cual no se cumplió y, por lo tanto, el municipio no reportó la documentación contable respecto al gasto de dicha suma.
Debido a ello, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación emplazó al actual intendente a fin de que informe el destino de dicho subsidio institucional. Al respecto, Guaymás reveló que al averiguar sobre ese monto, pudo establecer por boca del exintendente que el dinero, si bien fue retirado de la sucursal del Banco Nación en Cafayate, no se usó para lo que estaba destinado.
Asimismo, sostuvo que Condorí intentó convencerlo de que no revelara el manejo irregular al respecto, pero ante su negativa, el exjefe comunal terminó por reponer el dinero en cuestión, no obstante, radicó la denuncia del caso.
Al iniciar las actuaciones penales, la fiscal Guzmán solicitó una serie de informes sobre el origen y destino del subsidio, lo que le permitió confirmar que efectivamente se trataba de fondos de orden nacional, por lo cual giró también la causa a la Fiscalía Federal en turno.
El caso de La Poma
En este caso los planteos giran en torno a la denuncia radicada por el actual intendente de La Poma, Juan Mamaní, quien sindicó a su antecesor, Abraham Choque, como el responsable de un monto de 440 mil pesos, dinero que había sido remitido por un organismo nacional al municipio para la adquisición de un vehículo destinado al transporte de personas con capacidades especiales.
Según lo informado por la fiscal penal, María Eugenia Guzmán, el intendente Mamaní relató en su denuncia que en abril pasado recibió una carta documento de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS).
En dicha carta documento, el organismo nacional le hacía saber al intendente de que el municipio de La Poma había si declarado moroso y se le instaba a la devolución de la suma de 440 mil pesos. Al averiguar sobre dicho monto, agregó Mamaní que pudo establecer que la CONADIS remitió dicha suma en diciembre de 2015 para la adquisición de un transporte para personas con capacidades especiales, pero compra nunca se realizó.
Asimismo, sostuvo que al indagar con el exintendente sobre dicho dinero y el destino que se le dio, Mamaní reveló que Choque le expresó que fue usado para un “apuro económico”. A partir de esta denuncia, la fiscalía inició una investigación preliminar, la cual permitió establecer que efectivamente se trataba de fondos de origen, uso y destino de orden nacional.
En vista de ello, la fiscal resolvió girar las actuaciones penales a la Fiscalía Federal de Salta en turno, ya que en definitiva la persecución penal de dicho delito, de comprobarse, quedaría en manos del fuero federal.