La ordenanza fue aprobada por amplia mayoría en la última sesión del Concejo Deliberante y generó una fuerte polémica.

Fue presentada como una eco-tasa de 12 unidades tributarias, es decir 50 pesos por cada visitante.

Mientras la alicaída y desesperada actividad turística de Cafayate intenta de diferentes maneras en medio de la pandemia incentivar al turismo salteño con promociones de todo tipo, un grupo de concejales de Cafayate parece ir a contramano de la reactivación de este vital motor económico local dictando medidas de desaliento a los turistas.

La falta de criterio y de sentido de la oportunidad de los concejales que aprobaron la ordenanza «espanta turistas», atenta directamente contra los miles de puestos de trabajos que genera en Cafayate la actividad turística, impacta fuertemente en  importante y numerosa actividad artesanal y en la redistribución económica de los recursos que genera esa actividad en el comercio local.

El impuesto a los turistas fue denominada «Eco-tasa» y fue aprobada en el Concejo Deliberante local durante la última sesión, el jueves de la semana pasada.

El proyecto fue presentado por el concejal kirchnerista Facundo Guzmán y respaldado por los ediles Cristian Avellaneda, Adrián Torres, Jorge Guantay y René Condorí.

La ordenanza dispone, entre otras cosas, que el cobro de la «eco-tasa» se efectuará a través de un control ubicado en la ruta nacional 68, a la altura de La Punilla, donde se exigirá el pago de 12 unidades tributarias (50 pesos) por cada persona y otras 12 UT por cada vehículo. Si los vehículos tienen capacidad para más de 10 pasajeros, el cobro será de 24 UT. En caso de más de 20 pasajeros, se aplicará el cobro de 48UT

Si bien se establece que la tasa está dirigida a las empresas de turismo que lucren con los visitantes y que no tengan domicilio fiscal en Cafayate, un artículo apartado indica también que el impuesto se cobrará a los vehículos particulares y a cada uno de los pasajeros mientras dure la pandemia.

En sus consideraciones, el tributo se fundamenta en la capacidad de los municipios de fijar tasas, pero en la ordenanza no se indica quien será el órgano de control y fiscalización de los ingresos ni tampoco quien cobrará ese impuesto.