El organismo oficial emitió un comunicado a causa del escándalo que se desató tras conocerse los padrones.
El IPV no respondió a las denuncias concretas formuladas por vecinos de Cafayate a través de una nota que ingresaron en ese organismo y en la que detallan irregularidades y denuncian privilegios y acomodos políticos para familiares y punteros de funcionarios y legisladores.
Tras dar detalles cuales serían los casos, solicitaron la suspensión del sorteo de 519 lotes en Finca El Socorro II.
El IPV sin responder en concreto a los casos denunciados, se limitó a emitir un comunicado en el que afirma: “este organismo provincial informa que durante los meses de febrero y marzo realizó un reempadronamiento en el municipio para garantizar la total trasparencia en la adjudicación de terrenos, por medio de sorteo público y televisado”.
En el comunicado, el IPV informa que el listado de postulantes quedó conformado por más de 670 familias de un total de mil, absorbido por la ex Sub Secretaría de Tierra y Hábitat, excluyendo de esa forma a más de 400 familias por incumplimiento en la normativa o que no se presentaron.
El organismo oficial afirma que de las 14 personas firmantes de la nota de reclamo solo 4 son postulantes para participar del futuro sorteo y que el resto fueron excluidos por diferentes motivos, entre ellos excesos de ingresos económicos, ser propietarios de inmuebles en Tucumán y/o Cafayate o por no tener grupo familiar a cargo.
Esta parte del comunicado terminó por hacer crecer el malestar de vecinos ya que lo que se denuncia es que el exceso de ingresos económicos solo fue tenido en cuenta en algunos casos, lo mismo que el tener otras propiedades y que se hizo la vista gorda con parientes y allegados de concejales y legisladores de Cafayate.
Las denuncias afirman que en el caso de los concejales Daniel Guantay y Gabriel Corregidor la metodología del IPV para favorecerlos fue aceptar que las esposas de ambos figuren como solteras para que no se sumen los ingresos económicos y el grupo familiar no exceda el límite puesto por el IPV.
Otro de los casos apunta a un pariente cercano del Senador Sergio Saldaño quien fuera candidato en la lista del legislador y que, según las denuncias, apareció sorpresivamente en los listas ya que nunca estuvo en el proceso de empadronamiento.
El otro caso que causa enorme malestar es el de la actual pareja del Diputado Sergio Cisneros quien apareció en los padrones sorpresivamente, según afirman. Los denunciantes sostienen que es la actual pareja del diputado y que conviven juntos por lo que el IPV debería haber evaluado el ingreso de ambos como grupo familiar.
El grupo de vecinos firmantes de la nota afirmaron a radiocafayate.com que el caso más llamativo es el del concejal Daniel Guantay. Los denunciantes afirman que la esposa y madre de los hijos del concejal saldañista, con la que convive desde hace muchos años, figura en los padrones como soltera. Según los vecinos, a esto debe sumarse que el edil, solo con su sueldo como empleado de una bodega de Cafayate excede ampliamente el límite del IPV, pero que si además se le suma la dieta de concejal, más el sueldo de su esposa como empleado del Ministerio de Educación, el grupo familiar ronda un ingreso mensual cercano a los 80 mil pesos y que el organismo no lo tuvo en cuenta: “Si el IPV no detectó semejante caso es porque no hizo bien el control ambiental o es un claro ejemplo de acomodo político, en todo caso está en falta totalmente” afirmaron.
Las denuncias también apuntan al Presidente del Concejo Deliberante, Gabriel Corregidor, quién según los denunciantes, es propietario, tiene ingresos superiores a los permitidos por el IPV y se aplicó la misma metodología que Guantay, su pareja figura como soltera.
“El IPV es riguroso solo con los que no tienen padrinos políticos o no son funcionarios, sino es mucha casualidad. Nosotros creemos que esto es simple y llanamente acomodos y privilegios políticos como hacen siempre los del gobierno” afirman los denunciantes.
El organismo provincial en el comunicado afirma que los postulantes firmaron una declaración jurada tomando conocimiento de lo establecido en el artículo 275 del código penal, que en caso de comprobar un falseamiento de datos se dará de baja inmediatamente y que respecto a la nota ingresada en el IPV con los reclamos se iniciarán las acciones legales correspondientes solicitando pruebas y datos fehacientes de lo denunciado.
Los vecinos desconfían de lo que afirma el comunicado y sostienen que “los acomodos provienen desde el mismo IPV” y que desconfían de las acciones del organismo y “que solo intentarán dilatar las cosas para que se llegue sin nada resuelto al día del sorteo y todo quede en la nada”.