A los ya conocidos y polémicos conflictos generados por la empresa tras usurpar tierras municipales, ahora sumó otro que tiene ribetes escandalosos.
Tras sumir a nuestra ciudad en un clima de tensión e incertidumbre por la usurpación de 32 hectáreas que pertenecen a la Municipalidad de Cafayate, o sea a todo el pueblo, con acciones por parte de la empresa Pernod Ricard de flagrante ilegalidad como bloqueo de un camino provincial, apropiación y explotación ilegal de tierras públicas, aprietes y extorsiones a familias humildes, manipulación de documentos, ocultamiento de información, utilización sistemáticamente de mentiras y falsedades para fines pocos claros, ahora suma otro conflicto en lo que parece ser una constante actitud de la empresa por desconocer leyes, normas y de no respetar el Estado de Derecho de nuestro país y provincia.
El nuevo conflicto que envuelve a la empresa usurpadora de tierras públicas surge a raíz de la intervención del Consorcio de Usuarios del Sistema Hídrico de los Ríos Chuscha y Lorohuasi en el que, según fuentes a las que tuvo acceso radiocafayate.com, luego de reiteradas denuncias por parte de vecinos y empresas integrantes de cobros indebidos y constantes muestras de falta de transparencia, Recursos Hídricos de la Provincia resolvió su intervención desplazando a toda la cúpula administrativa, la cual era presidida por la empresa Pernod Ricard a través de su representante, Luis Fernando Torena.
Al día de la fecha Pernod Ricard, en una actitud de rebeldía y desconociendo la resolución oficial del Gobierno de la Provincia, no paga la prorrata mensual por el uso del agua que el consorcio provee para el riego de sus viñas, lo cual ha generado una deuda aproximada de $250.000 más los intereses por mora, por lo que se intimó reiteradas oportunidades a la empresa para que regularice la situación.
Así mismo, también desde la Intervención se le reclama a la empresa que presidia el Consorcio que informe sobre el destino de una suma millonaria faltante en los balances y en las cuentas.
Se trata de un monto que se estima ronda los $2.500.000 (dos millones y medio) cuyo destino no está claro y que fuera manejado por esa administración. También se está reclamando por la falta de pago de los aportes sociales de los empleados de planta del Consorcio.
El conflicto en el Consorcio ha tenido una escala ascendente desde la asunción de la intervención ya que no se encontró documentación alguna referida a la administración y el destino de los fondos derivados del aporte de los consorcistas en concepto de pago por el uso del agua. Tal es así que el Interventor José Manuel Avel pidió públicamente a los integrantes del Consorcio aportar la documentación que acreditan los pagos efectuados para intentar develar con más precisión la suma de los fondos faltantes.
Este nuevo conflicto que marca el claro perfil conflictivo, prepotente y desapegado de las leyes que posee la empresa Pernod Ricard, pone en la superficie nuevamente interrogantes que la comunidad cafayateña plantea desde hace mucho tiempo: ¿Cómo el Intendente Almeda, su asesor legal, Sebastián Aguirre Astigueta y los concejales almedistas-oficialistas siguen planteando “negociaciones amistosas” con una empresa que aprieta a familias humildes, que no respeta derechos hereditarios, que le negó sistemáticamente el acceso al agua a pequeños productores, que usurpa tierras de propiedad pública lucrando con ellas e intentando en reiteradas oportunidades apropiárselas de manera indebida como con el trámite ilegal de anexamiento de las 32 hectáreas municipales iniciado en la Dirección General de Inmuebles, o el ocultamiento de embargos en tierras ofrecidas en canje, o una tasación ridícula con la que intentaban subvaluar las tierras municipales y sobrevaluar las suyas, o – la gota que colmó el vaso- el intento de legitimar un preacuerdo lleno de inexactitudes y falsedades, firmado entre gallos y medianoche, hoy totalmente invalido.
Otra vez el escándalo rodea a esta polémica empresa y plantea nuevos interrogantes:
– ¿Qué pasaría si fuera un ciudadano común de Cafayate el que hubiese tenido ese manejo poco claro en el Consorcio?
– ¿Qué le pasaría a un regante de Cafayate no tan poderoso económicamente que no pagase el uso del agua al Consorcio porque simplemente desconoce la legitimidad del mismo?
– ¿En qué estado legal se encontraría un vecino común cafayateño que hubiese manejado el consorcio con poca transparencia? ¿no se encontraría actualmente sometido a la justicia a fin de rendir cuentas por sus actos como todo hijo de buen vecino?.
Esta empresa es una vergüenza y son unos piratas peores que los de la época colonial. Es una desgracia para Cafayate
Dios nos ayude y libre de la mano de tantos intereses egoístas. Que cuentan con el apoyo de quienes debieran velar por los ciudadanos a los q representan.