El documento establecía un plazo de 60 días para que la usurpación presentara planos y papeles de las tierras que ofrece, pero hasta hoy eso no ocurrió.
El convenio que intentaron que se aprobara a las apuradas en el Concejo Deliberante de Cafayate tiene fecha del 6 de septiembre de 2016 y los sesenta corridos establecidos en él, vencieron el 6 de noviembre pasado. Es decir que el plazo que la misma empresa usurpadora estableció está incumplido y los planos de desmembramiento, de asignación de matrícula y otros documentos necesarios, de las supuestas 70 hectáreas ofrecidas, no aparecen hasta el día de hoy.
Si ese convenio se hubiera aprobado en septiembre como pretendía el almedismo y la empresa usurpadora, hoy las 32 hectáreas de la Municipalidad de Cafayate ya serían de plena propiedad de Pernod Ricard y Cafayate no tendría las 70 hectáreas prometidas, pues legalmente, hasta el día de hoy no existen ni se sabe qué características tienen, si parte de la superficie es cerro, si cuanta de esa tierra está inutilizada por el cruce de arroyos y desagües, cuanto se deberá descontar por el camino de servidumbre y otras ambigüedades y vaguedades que tiene el documento firmado “entre gallos y medianoche”.
Pernod Ricard volvió a mentir
Tras la polémica sesión de la semana pasada en el Concejo deliberante de Cafayate, se supo que el dirigente social Silvio Aguirre se reunió en Buenos Aires con directivos y un abogado de la multinacional en donde se abordó el conflicto. Entre otros temas, Aguirre informó en Radio Cafayate la semana pasada que el abogado de la empresa usurpadora, Luciano Pauls, le informó que los planos ya estaban en manos de autoridades municipales. Tras conocerse esto, se consultó a los concejales sobre la existencia de esos planos y nadie dijo haberlos visto ni saber de la existencia de ellos. Fuentes municipales que pidieron reserva de sus nombres informaron que en la Municipalidad de Cafayate hasta este lunes no habían planos presentados por la usurpación.
Hasta este miércoles en la Dirección General de Inmuebles no figura un desmembramiento, ni una matrícula de 70 hectareas, es decir que no existen los planos que Pernod Ricard se había comprometido a presentar hasta el 6 de noviembre pasado, lo que significa que el abogado de la empresa usurpadora mintió en Buenos Aires cuando dijo que los planos ya estaban en manos de las autoridades municipales, ya que esos documentos simplemente aún no existen legalmente.
Con esto, la usurpación vuelve a mostrar un costado oscuro de mentiras y engaños que caracteriza su trama en este conflicto. Recordemos que a pesar de reconocer en diversos papeles, hasta en este polémico convenio mismo, que las tierras son municipales, aun no explica que hace ocupándolas hace cerca de 20 años y explotándolas ilegalmente. Es bueno recordar que en su derrotero de mentiras e irregularidades la empresa usurpadora ideó una vergonzosa tasación que desvalorizaba las 32 hectáreas municipales y sobrevaluaba 32 suyas y que en ese mismo trámite ocultó que las tierras que ofrecía estaban embargadas, para lo que se habría adulterado una cédula parcelaria.
Más grave que esto último, es que Pernod Ricard inició en agosto del 2015 en la Dirección General de Inmuebles un trámite de anexamiento a su propiedad de las 32 hectáreas de la pista de aviación, mientras se suponía que negociaba “amigablemente” con las actuales autoridades municipales. Es decir que, mientras hacía creer que intentaba con buenas intenciones un acuerdo, sin esperar una decisión del Concejo Deliberante de Cafayate, subrepticiamente intentaba quedarse con las tierras a través de un trámite que mantenía oculto y que fue descubierto por una investigación periodística. Hasta hoy quedan las dudas si ese intento de expropiación fue avalado o no extraoficialmente por las autoridades municipales.
Con esos antecedentes, entre otros, no resulta extraño un engaño más, una treta o una mentira de la empresa usurpadora que desde hace 20 años priva a los cafayateños de hacer uso de su patrimonio y de sus bienes, con la extraña complacencia de las actuales autoridades municipales.
En Argentina existe la división de poderes.
Una jueza en lo contencioso administrativo dispuso que la revocación de la donación de la pista de aterrizajese tiene que dirimir en un juzgado civil.
Opinión compartida por Aguirre Astigueta.
No están incurriendo Concejales, intendente, asesro legal y Pernod Ricard en algo que se asemeja a desobediencia judicial ?