Los familiares de los brigadistas muertos en el incendio de Las Juntas, en Guachipas, sostienen que es el responsable porque “lo que pasó con nuestros hijos no fue un accidente fue una masacre.»
Las familias Ferreyra, Vilte, Valdez y Albarracín demandaran de manera conjunta al gobierno de Juan Manuel Urtubey como responsable de las muertes.
El recuerdo de Víctor, Daniel, Mauricio y Martín , los cuatro rescatistas de Defensa Civil fallecidos en Guachipas el pasado 28 de octubre, los motiva a seguir adelante. Este jueves se presentarán por primera vez ante la Justicia. Lo harán de manera conjunta y bajo el patrocinio del letrado Marcelo Arancibia.
Denunciarán al Gobierno provincial como responsable directo del delito de estrago, en relación al incendio rural que se cobró la vida de los jóvenes.
Como parte del inicio del proceso legal, los familiares esperan que las «cosas se hagan como corresponde», le dijo a El Tribuno Omar Valdez, padre de Mauricio.
A la denuncia le procederá la acción civil por daños y perjuicios y la querella con el fin de individualizar a los autores del hecho, independientemente de lo que haga la fiscalía.
«Queremos estar unidos porque sabemos que así vamos a tener más fuerza. Esperamos que se haga justicia porque lo que pasó con nuestros hijos no fue un accidente fue una masacre», completó Valdez.
Los brigadistas trabajaban intensamente para sofocar las llamas de más de 100 hectáreas en el paraje Las Juntas, cuando la peor noticia llegó para sus familias. Desde aquel 28 de octubre, la vida de ellas cambió para siempre. Pasaron 17 días y esperan que los responsables por las muertes de sus seres queridos paguen su condena.
«Es increíble pero hasta ahora ningún funcionario fue capaz de llamarnos y eso nos da mucha impotencia» explicaron.
Desde hoy formarán parte de la tradicional marcha que realizan los familiares contra la impunidad alrededor de la plaza 9 de Julio.
Reunión con el fiscal
Los familiares de los rescatistas fallecidos tienen previsto reunirse hoy con el fiscal que entiende la causa para saber cuáles son las acciones que se vienen realizando.
«Esto es un delito de estado público, un atentado en el que buscaré que los culpables no tengan ningún tipo de concesión», aseguró Marcelo Arancibia.